El procesado habría participado en las acciones previas y posteriores a la ejecución del ataque.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, por su presunta participación en las acciones de coordinación del atentado contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia en el occidente de Bogotá.

Los elementos materiales probatorios recopilados evidencian que Arteaga Hernández se habría reunido con William Fernando González Cruz, persona ya judicializada, para organizar las acciones previas y posteriores al ataque sicarial. Uno de los encuentros se realizó el 4 de junio del año en curso, en la localidad de Bosa. De otra parte, es el señalado de contactar y ofrecer dinero a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González, y un menor de edad, para que participaran en el hecho y distribuir los roles que cada una cumpliría.

El 6 de junio, alias El Costeño habría realizado labores de verificación del parque El Golfito donde el precandidato presidencial adelantaría un encuentro con la comunidad, esto con el fin de establecer rutas de escape. El día del atentado en inmediaciones al sitio del evento, presuntamente se reunió con Martínez Martínez y Mora González en un vehículo, en donde le entregó al adolescente el arma de fuego con la que debía atentar contra la vida del precandidato presidencial. Posterior al ataque, Arteaga Hernández y la mujer, habrían huido del lugar en un automotor que era conducido por González Cruz, quien los esperaba en inmediaciones del parque.

Asimismo, al parecer se concertó con el conductor para que vendiera su celular, con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades. En ese sentido, una fiscal especializada lo imputó por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, estas tres conductas agravadas; además de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En audiencias concentradas el procesado no aceptó los cargos imputados y le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Las acciones investigativas desplegadas de manera articulada por la Fiscalía y la Policía Nacional han permitido la judicialización de cinco de los presuntos responsables que
participaron en la planeación y ejecución, entre ellas el menor de edad infractor que habría disparado contra la víctima.