Esta es una iniciativa del Representante casanareño, Hugo Archila, compartida por las representante Ana Paola García, la Senadora Carolina Espítia y la Bancada Campesina, construida durante dos años de trabajo en los que se realizaron audiencias públicas, mesas técnicas y socializaciones hechas con el corazón desde los territorios apartados y con la fuerza de las mujeres que día a día trabajan por alimentar al país.
La nueva ley se levanta sobre pilares que transforman la vida de miles de mujeres:
1. Acceso a educación, crédito y formación financiera, con lo cual se amplía y robustece la financiación para las iniciativas de mujeres rurales y campesinas, incluyendo la definición de metas anuales de captaciones y líneas de crédito preferenciales para apoyar actividades agrícolas.
2. Fomento a la educación y capacitación para las mujeres rurales y campesinas. Economía campesina y agricultura familiar de la mujer rural, promoviendo la construcción de infraestructura y tecnología.
3. La redefinición del rol y el valor de la mujer rural. Participación de las mujeres rurales y campesinas, garantizando su empoderamiento en la ejecución y promoción de políticas públicas que las afecten.
4. Acciones laborales en favor de las mujeres rurales y campesinas, buscando promover sus derechos y formalización laboral.
5. Participación activa en decisiones y garantías para erradicar la violencia de género con un enfoque real para combatir el abuso. Disposiciones en materia de violencia contra las mujeres rurales y campesinas, incluyendo el agravamiento del delito de feminicidio.
6. Creación de seguros agropecuarios exclusivos para mujeres campesinas y pescadoras.
7. Acciones afirmativas de recreación y deporte para las mujeres rurales y campesinas.
Este logro colectivo nace del Proyecto de Ley 070 de 2023, acumulado con el 114 de 2023 Cámara, que modificó y fortaleció la Ley 731 de 2002, Ley Sandra Ceballos, y que fue respaldado de forma unánime por las bancadas del Congreso, la Comisión accidental del frente Parlamentario Contra el Hambre y la Comisión para la Equidad de la Mujer del Congreso.
Así mismo participaron el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comercio, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad Solidaria – UAEOS, el SENA y colectivos de organizaciones sociales como AGROCOMUNAL, AMEXCID, la FAO Mesoamérica Sin Hambre en cabeza de Agustín Zimmerman Representante de la FAO, AECID, ACCMUCIC, liderazgos rurales y cientos de voces del país que participaron activamente en mesas de trabajo, foros y encuentros sectoriales.
Esta ley se enriqueció con conceptos de expertos dentro de los cuales se destacan: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, el Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe ODA- ALC, la Universidad Javeriana, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Nariño y la Universidad de Los Andes.
“Hoy damos un paso decisivo hacia una Colombia más justa, más digna, más igualitaria. Esta ley es el resultado de un país que reconoce el poder transformador de sus mujeres rurales y que les garantiza un futuro con más oportunidades y respeto”, afirmó el representante Hugo Archila.
