Con mayor presencia en regiones; seguimiento, análisis y articulación de actividades de policía judicial para identificar las conductas ilícitas que más inciden en el desarrollo normal de los certámenes democráticos, y difusión de los canales de denuncia, entre otras acciones, la Fiscalía busca atender y avanzar en la judicialización de los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las jornadas electorales de 2026.
La Fiscalía General de la Nación está preparada para las próximas jornadas electorales. A través de la resolución 0047 de febrero de 2026, fue definida la estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos que se presenten con ocasión de los comicios legislativos y presidenciales.
El plan definido contempla acciones para conocer y abordar con todas las capacidades institucionales los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones previstas. En ese sentido, se realizó un mapa de riesgo electoral que permite identificar fenómenos delictivos en las regiones, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta estatal y las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Esto facilitará la priorización de las zonas con altas probabilidades de afectación.
Paralelamente, se avanzará en análisis integrales sobre las denuncias recibidas y las investigaciones que se siguen por cualquiera de los 16 delitos electorales, así como las alertas conocidas por presencia o posible injerencia de los grupos armados ilegales, con el propósito de optimizar y orientar de mejor manera los esfuerzos. Las delegadas y direcciones estarán en permanente articulación para ejecutar la estrategia.
De igual manera, trabajarán conjuntamente y mantendrán rutas de comunicación con entidades como la Defensoría el Pueblo, a efectos conocer de primera mano las alertas tempranas emitidas; y la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades electorales para acudir a insumos de interés como el censo electoral. Con relación a las acciones violentas contra candidatos y representantes de comunidades, la Fiscalía mantendrá mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organizamos internacionales con el propósito de obtener detalles sobre las conductas que afecten la vida, integridad y libertad de las personas o líderes que participan en el proceso y así poner en marcha las respectivas investigaciones.
La financiación de las campañas es otro aspecto significativo que advierte la estrategia. Para esta temática se creará un Observatorio de Financiación Electoral para verificar asuntos relacionados con la violación de topes, gastos de campaña y fuentes de financiación. Las valoraciones servirán para construir una herramienta de seguimiento y emitir informes focalizados en territorio que sirvan para abrir las respectivas noticias criminales.
Los días 8 de marzo y 31 de mayo, la Fiscalía dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde no hay presencia física de la entidad. Esta labor se articulará con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior. Las denuncias o información relevante que llegue a la Fiscalía o Uriel tendrán una ruta de atención especial a cargo de fiscales y equipos especializados de policía judicial con disponibilidad exclusiva en el Nivel Central y en las 35 seccionales.
Al servicio de la ciudadanía, en la página web de la Fiscalía (www.fiscalia.gov.co), se habilitó un micrositio con aspectos de interés como los canales de denuncia, los delitos de recurrencia, el mapa de riesgo electoral y todo lo que se debe saber sobre los certámenes democrático que se aproximan.
