Columna de opinión por Juan Camilo Reyes Marfoi, Investigador social.

La comprensión del Casanare contemporáneo exige una lectura que supere los relatos y metarrelatos históricos fragmentados que, durante siglos y décadas han ubicado a la región en los márgenes del proyecto nacional. Desde esta perspectiva, Margarita Serje muestra cómo amplias zonas del país han sido pensadas a partir de la (Capital) como periferias y fronteras, incorporadas de manera subordinada (relegadas) a un modelo de estado-nación marcadamente centralista. Esta forma de mirar y organizar el territorio se enlaza con el viejo debate entre centralismo y federalismo, cuya resolución histórica a favor del primero terminó por restringir la autonomía regional y reforzar la distancia entre el Estado y sus territorios (Serje, 2005).

Estos marcos de pensamiento fueron produciendo formas legitimadas de entender el espacio y el ethos cultural, dejando por fuera otros saberes, experiencias y prácticas que no encajaban en esa mirada dominante. Se fue construyendo una imagen distante y reduccionista de la región, entendida más como la delimitación de un “espacio” funcional frontera económica o reserva estratégica dentro de los relatos de la historia nacional tradicional. Esta lectura resulta comprensible si se observa desde la lógica del proyecto de nación impulsado por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en el marco de la Ruta Libertadora, que concibió el territorio principalmente como un espacio estratégico para la consolidación del nuevo orden republicano, y de los procesos tempranos de integración territorial, que apenas emprendió a finales del siglo XX, con la Constitución de 1991, y prolongados hasta ahora las primeras décadas del siglo XXI.

Pero, como advierten algunos estudios sobre la estructuración territorial del Casanare, (Herrera Sossa, 2017; Garavito et al., 2022; Campuzano & Posada, 2020; Posada Arrubla et al., 2017) como consecuencia, terminó por invisibilizar las experiencias sociales, culturales y políticas de quienes habitaban en la cotidianidad. Ello impidió un desarrollo integral en términos culturales, al imponer una visión predominantemente capitalista que concibió la espacialidad regional por valor de cambio y, de manera instrumental, por valor de uso, subordinando el espacio a su función productiva y transformando notablemente las formas de pensar, habitar y relacionarse del campesinado llanero.

En este sentido, resulta pertinente retomar a Lyotard, quien planteaba la crisis de los metarrelatos modernos y la pérdida de credibilidad de aquellas explicaciones universales que pretendían dar sentido único al progreso y al ‘desarrollo’. Asimismo, advierte Thomas Kuhn, que cuando los paradigmas existentes dejan de explicar la realidad, entran en crisis y deben ser reemplazados por nuevos marcos de comprensión (Kuhn, 1962). Las transformaciones tecnológicas y sociales que atraviesan hoy las tramas territoriales hacen evidente esta ruptura, especialmente en regiones como esta, donde las dinámicas juveniles y territoriales ya no pueden analizarse únicamente desde categorías tradicionales ‘históricamente’ excluidas.

En Casanare, esa incredulidad abre paso a microrrelatos territoriales donde las juventudes aparecen como voces que disputan la historia oficial, que producen y reconfiguran otros caminos alternativos sentido-situados sobre esta espacialidad.

Al revisar la historiografía sobre la Orinoquía, se encuentra que durante buena parte del periodo colonial y, con mayor fuerza, en la etapa poscolonial y republicana temprana, la mirada se concentró principalmente en el paisaje. Cronistas, comunidades religiosas, viajeros y científicos, desde lo que la academia ha denominado historia naturalista, leyeron el territorio a partir de su geografía, su clima y sus recursos, dejando en un segundo plano las dimensiones culturales, sociales y políticas. Esto se explica, en buena medida, por el escaso interés de la historiografía y de las academias de historia del centro del país en estudiar los procesos locales de la región, además de los bajos niveles de formación académica que predominaban en algunas épocas. A esto se sumaron dificultades de acceso de vías, para conectarse con el interior, la ausencia de centros académicos y, en muchos casos, incluso de escuelas, lo que redujo el acceso al conocimiento de cara a la realidad regional.

Durante estos periodos se generó una comprensión limitada y reforzó una débil autonomía comunitaria frente al proyecto nacional. Como resultado de las relaciones socioculturales locales y, con ello, las experiencias juveniles permanecieron invisibilizadas. Eso es, justamente, lo que el historiador Jaime Jaramillo Uribe planteaba de la Nueva Historia Social. Una historia que no puede quedarse solo en los grandes hechos, en las cifras o en las estructuras económicas, sino que necesita acercarse cada vez más a la realidad de lo acontecido, por lo menos a lo que atañe a esta región. Una historia que incorpore la vida cotidiana, las experiencias de las comunidades, las voces que durante mucho tiempo quedaron por fuera del relato oficial.

Replantear la forma en que se ha concebido el departamento permite aproximarse a una interpretación fenomenológico-hermenéutica pues las dimensiones sociales, ambientales, culturales y juveniles no son asuntos secundarios, sino parte central de una agenda programática de investigación per se del imaginario colectivo y de una historia regional que, en buena medida, aún no se ha escrito y cuenta con escasos soportes en los archivos oficiales de la memoria histórica, producto del olvido histórico al que ha sido sometida.

Por lo tanto, las trayectorias juveniles territoriales expresan una exclusión que, obedece en parte, por modelos políticos heredados del centralismo de la Constitución de 1886 y apenas cuestionados con la Constitución de 1991 y sus desarrollos y modificaciones de Leyes posteriores. El resultado es una cultura política, ambiental y social que mantuvo a los jóvenes al margen de la toma de decisiones y del empoderamiento territorial, subestimando de forma persistente su fuerza social y transformadora.

A fin de cuentas, durante buena parte del siglo XX, Casanare fue concebido como un lugar de frontera productiva. La sabana, los ríos y la tierra adquirieron valor en función de su potencial ganadero y agrícola. La población local quedó subsumida en ese modelo gamonal post-feudal. Otras investigaciones in situ muestran que la condición periférica se expresó como una débil presencia institucional, baja inversión social y escasos espacios de participación política (Rausch, 2013). Este contexto estructural fue decisivo, pues el conflicto armado de los años cincuenta no hizo más que intensificar estas desigualdades, afectando las relaciones sociales, fragmentando el tejido comunitario y generando silencios que se extendieron por décadas en los llanos orientales.

Por esta razón, nuevamente a lo largo de la historia del departamento, comenzó a ocupar un lugar relevante en el escenario nacional, no por el reconocimiento de sus dinámicas sociales, culturales o políticas, ni de su folclor, sino por cuantas y cuales exploraciones de hidrocarburos evidenciaron su alto potencial productivo. Los grandes yacimientos de Cusiana, descubiertos en 1988, y de Cupiagua, identificado en 1992, marcaron un punto de quiebre en la historia petrolera nacional. A partir de ese momento, el interés de la inversión público-privada otorgó un carácter único, estratégico y lo posicionó con mayor fuerza en la agenda económica del país. Igualmente, Esta lógica extractiva terminó midiendo su importancia solo en función de los beneficios que producía, dejando en segundo plano el fortalecimiento integral de la vida socio-regional del campesinado de finales del siglo XX. A ello se sumaron los niveles de conflictividad y diversas dinámicas sociales y políticas, dando lugar a un uso del territorio signado por disputas y transiciones intensas, con impactos directos en las prácticas cotidianas y en los vínculos comunitarios.

Desde diferentes estudios sobre economía política del extractivismo en Colombia se ha señalado que regiones históricamente periféricas pasaron a ocupar un lugar estratégico en la economía nacional, siendo presentadas como símbolos de modernización y progreso bajo la promesa de desarrollo, generación de empleo e inversión social para la población local (Garay, 2014; Rudas, 2010; Bonilla, 2013; Delgado, 2015; Pardo, 2018) El discurso del petróleo fue enaltecido como motor de bienestar que se instaló con fuerza en el imaginario regional y nacional.

Figura 1: Elaboración propia.

El diagrama de barras se construyó para analizar la llegada de personas foráneas a la capital y la migración del campo a la ciudad, especialmente de jóvenes en busca de oportunidades, mostrando cómo el crecimiento urbano en Casanare responde a dinámicas de concentración poblacional y reconfiguración socioeconómica vinculadas al auge petrolero y la migración venezolana.

Nota: Aunque existen diversos factores que permiten ampliar el análisis, en este informe el interés se centra exclusivamente en cuantificar la población que migró hacia la ciudad, tanto en términos porcentuales como en número de personas por año censal, sin realizar una sectorización por edad u otras categorías. Lo anterior no desconoce que, en el contexto departamental, la inserción de los monocultivos como economías pujantes en particular la palma aceitera y el arroz ha incidido en la reconfiguración del territorio, dinamizando la producción, pero también generando tensiones socioambientales, migraciones y desigualdades en el acceso y uso de la tierra (Garavito et al., 2022).

El diagrama señala que, lo que define las categorías de análisis no son solo un crecimiento exponencialmente estadístico de la población urbana en Casanare, sino una historia de territorialización y desterritorialización que se fue configurando a lo largo de varias décadas. Cada barra corresponde a un momento censal del DANE y permite ver cómo, desde mediados de los años ochenta, la población comenzó a concentrarse de manera progresiva en las áreas urbanas. En 1985, menos de la mitad de los habitantes del departamento vivían en la capital. Para 1993 esa proporción ya había aumentado, y hacia 2005 el cambio resulta mucho más evidente, con más del sesenta por ciento de la población residiendo en zonas urbanas. Este crecimiento urbano deja ver un proceso acelerado de urbanización, en el que las ciudades se construyen y reconfiguran en función de las dinámicas del capital y de las relaciones sociales que se producen en la distribución urbano-regional, tal como lo advierte (Harvey, 2012).

Sumado a ello, buena parte de estas transformaciones tienen que ver con los cambios económicos y sociales que atravesó, sobre todo a partir del auge petrolero. A eso se suma la forma desigual en que se distribuyó estratégicamente la tierra, la presencia de actores que facilitaron el despojo, muchas veces amparados en lógicas formales de negociación que terminaron reordenando el espacio. El diagrama deja ver un quiebre claro entre los años noventa y los primeros años del siglo XXI, cuando Yopal empieza a consolidarse como epicentro de llegada, especialmente de población joven y por su ubicación estratégica del Sur y Norte.
Más aun, termina por definir una ruptura generacional progresiva entre juventud- adultez, territorialidad rural y expansionismo urbano desordenado. El campo fue perdiendo capacidad para retener a sus jóvenes, mientras la ciudad se posicionó como el lugar donde se suponía que el progreso podía materializarse. Así, el gráfico no cuantifica este fenómeno demográfico, abre la posibilidad de leer cómo el modelo de ‘desarrollo’ reorganizó el territorio y condicionó las decisiones de vida de varias generaciones.
En los últimos 5 años, esta forma de entender el espacio y la vida colectiva ha empezado a redefinirse y debe ser entendida desde otras teorías sociales. Las juventudes han ganado visibilidad y espacios del orden local, regional y nacional, como actores sociopolíticos, impulsando nuevas maneras de habitar, significar y disputar los lugares que ocupan frente a modelos de poder tradicionales. Esta mirada reconoce una re-construcción social atravesada por lo geográfico, lo cultural, lo político y lo histórico. En Casanare, las prácticas juveniles vienen reconfigurando esa relación y convierten estos espacios en escenarios de memoria, sentido y proyección colectiva. En esta línea, Haesbaert (2011) señala que estos procesos ponen en tensión las formas dominantes de apropiación propias de los modelos extractivos en los aparatos de poderes estratégicos.

En los contextos rurales, estas disrupciones se expresan en la revalorización de prácticas culturales y saberes ancestrales. Jóvenes campesinos retoman formas tradicionales de uso del suelo, manejo del agua, producción diversificada y relación ancestro-cultural con la sabana. Esto con el fin de evitar su migración hacia la capital del Departamento o País. Estas prácticas dialogan de manera crítica con la historia petrolera del departamento. No se trata de negar su impacto económico, sino de cuestionar un modelo que no logró garantizar bienestar social duradero, para buscar otras alternativas basadas en la no explotación exagerada de recursos naturales como el turismo.

En todo este engranaje, la participación juvenil empieza a adquirir un peso político que ya no puede pasarse por alto. Cuando las juventudes comenzaron a involucrarse seriamente en marcos normativos como la Ley 1885 de 2018, dejaron de ser vistas solo como beneficiarias de políticas públicas y empezaron a posicionarse como sujetos políticos capaces de incidir en las decisiones. Por supuesto, la norma por sí sola no cambia la realidad; su verdadero impacto aparece y nace cuando se articula con procesos organizativos locales, formación política y la experiencia que se construye desde el trabajo comunitario. Esto se refleja en el fortalecimiento de los subsistemas de participación, colectivos juveniles y liderazgos emergentes que participan en debates sobre desarrollo, medio ambiente y ordenamiento territorial, espacios todavía marcados por la herencia del extractivismo petrolero y sus dinámicas desiguales.
Por eso, pensar las nuevas territorialidades juveniles en Casanare implica detenerse a escuchar cómo las juventudes están expresando sus prácticas desde su propia experiencia. No se trata únicamente de ubicarlas en un plano geográfico ni de señalar, en términos meramente descriptivos, el lugar donde “viven”, pues ese enfoque no produce cercanía comunitaria juvenil y responde a una forma de enseñanza que durante mucho tiempo se reprodujo en las aulas de manera acrítica y eurocéntrica. Más bien, la pregunta es: ¿qué importancia tienen nuestros propios conocimientos y saberes para comprender cómo se habitan, recorren y resignifican los espacios desde la escuela, la calle, el arte, la memoria y la acción colectiva, comunitaria-juvenil?
Para concluir, al estar ubicados en medio de una región marcada por el extractivismo, los monocultivos, la movilidad forzada y la precarización laboral, los jóvenes están construyendo formas de arraigo que combinan lo heredado con lo aprendido, lo local con lo digital, y lo político con lo cotidiano. Desde allí, surgen otras posibilidades de estar en Casanare que no pasan únicamente por la lógica del mercado o del ‘desarrollo’ prometido, sino por el cuidado, la resistencia, la palabra y la posibilidad de imaginar otros futuros distintos. Más que expresiones aisladas, estas territorialidades revelan una conversación abierta con la historia regional, una forma de continuarla críticamente, desde otros lugares y con otras voces.

Referencias

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