Casanare y varios departamentos del país siguen en pie de protesta, pese a la presentación de un proyecto de resolución por parte del Gobierno Nacional que propone la regulación del precio mínimo del arroz. Los agricultores rechazan la propuesta, considerándola insuficiente para salvar al sector y dejarlo en mejores condiciones de mercado. “No sabemos si la industria aceptará esa resolución, y mientras no esté en firme, seguimos en incertidumbre”, expresó Julio Cala, vocero arrocero y agricultor de la región.
En Casanare, las manifestaciones se concentran en el sector conocido como “Los Troncos” en la vía Marginal del Llano a la altura del municipio de Aguazul con cierres de cinco horas y paso de vehículos durante una hora así:
¿Qué piden los arroceros?
La demanda central es clara: la fijación de un precio que refleje los costos de producción y permita una rentabilidad básica. El borrador oficial, lejos de tranquilizar al gremio, ha incrementado la molestia por considerar que mantiene los precios por debajo de los costos y no representa una solución real para los miles de familias que dependen del cultivo.
Los arroceros advierten que el documento presentado ofrece “pérdidas significativas” y que, sin el respaldo de la industria molinera, cualquier promesa quedaría sin aplicación real. Insisten en instalar una mesa técnica de negociación que integre al Estado, la industria y los agricultores, para construir un acuerdo duradero y efectivo.
Contrabando y competencia desleal: retos adicionales.
La crisis se ve agravada por el ingreso de arroz de contrabando desde Ecuador y otros países, así como por la entrada de arroz subsidiado bajo acuerdos comerciales internacionales. El gremio denuncia que este fenómeno ha deprimido aún más los precios locales y amenaza la sostenibilidad del sector productivo nacional. El Gobierno anunció el inicio de operativos especiales de control fronterizo, implementando vigilancia intensiva por 30 días para frenar el contrabando de arroz y proteger la producción local. Organizaciones agrícolas advierten que, hasta ahora, estos operativos llegan tarde y que las pérdidas ya son sustanciales.
El peso regional del sector arrocero.
Los líderes del paro subrayan el impacto social y económico de la crisis: el arroz es uno de los pilares de la economía en Casanare, generando más de 40,000 empleos directos e indirectos. La incertidumbre y el riesgo de continuos bajos precios, sumados al exceso de inventarios en Colombia, fuerzan al sector a actuar con firmeza. “Somos generadores de empleo, de economía regional y de seguridad alimentaria. No pedimos subsidios, pedimos respeto por nuestro trabajo”, remarcaron los voceros, dejando claro que su lucha es por la supervivencia y dignidad del agro colombiano.
Próximos pasos.
Los productores reiteran su voluntad de levantar el paro una vez haya garantías de un precio digno y sostenible para su cosecha. Sin embargo, advierten que no aceptarán soluciones unilaterales: “El gobierno debe sentarse con la industria molinera, porque son ellos quienes tienen la capacidad de recibir, secar, almacenar y comercializar el arroz. Si la industria no está de acuerdo, la resolución quedaría en el aire”.
Por ahora, el proceso legal para implementar el nuevo régimen de precios podría tomar como mínimo diez días hábiles, lo que prolongará la tensión y la parálisis de las cosechas en las regiones afectadas.
