El representante a la Cámara por Casanare, Hugo Archila Suárez, junto con el líder Julián Leonardo Piñeros Pirazán de Villanueva, radicaron una solicitud formal ante el Gobierno Nacional para que se convoque de manera inmediata una mesa de diálogo y concertación comunitaria que permita revisar el intempestivo incremento tarifario aplicado en el Peaje San Pedro desde el 1 de enero de 2026.
En dicha petición, se señala el alza desmedida en las tarifas de las categorías I y II, que pasaron de $12.400 a $19.300, es decir, un aumento nominal de $6.900 y un desproporcionado incremento del 55,6%, implementado sin socialización previa ni información pública clara sobre los fundamentos jurídicos, técnicos, financieros o contractuales que sustenten la medida.
“La gente de Villanueva, Monterrey y Sabanalarga recibió un golpe directo al bolsillo. Este corredor vial es fundamental: por ahí se mueve el mercado, los pacientes que viajan a Yopal, los estudiantes y los trabajadores. No podemos aceptar decisiones tomadas desde un escritorio sin mirar la realidad del Llano”, expresó Archila.
Los transportadores de la región respaldaron la posición del congresista y pidieron soluciones urgentes. Carlos Alberto Rojas, conductor de carga que cubre la ruta Meta–Casanare–Boyacá, afirmó: “Nos subieron casi siete mil pesos de un día para otro y nadie nos explicó por qué. Un viaje con varios pasos de peaje ya no deja ganancia; lo que hacemos es trabajar para pagar carretera”.
Julián Piñeros, Vocero del Comité Comunitario en Defensa por el Alza de la Tarifa del Peaje de San Pedro, agregó: “El aumento de $6.900 no es solo una cifra, es el almuerzo del día de muchas familias. Villanueva merece ser escuchada y no sorprendida; la mesa de diálogo tiene que instalarse ya, con decisiones reales y tarifas justas para los que sostenemos este corredor”.
Archila reiteró que la situación se agrava porque para acceder a la capital de Casanare se han proyectado tres estaciones de peaje, dos aún sin iniciar operación. “Si hoy San Pedro sube de esta manera, mañana la carga será excesiva e inequitativa. Esto rompe el principio de equidad y la capacidad contributiva de los llaneros”, indicó.
Por ello solicitó que en la mesa participen el Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, la ANI, la concesionaria COVIORIENTE, autoridades locales y voceros comunitarios, con capacidad real de decisión para:
* Realizar una revisión integral del alza tarifaria.
* Definir tarifas especiales para usuarios frecuentes y comunidades del área de influencia.
* Evaluar recategorización de vehículos y reducción por criterios de proporcionalidad y equidad.
*
Igualmente pidió explicación detallada sobre el fundamento legal y contractual del incremento y la remisión de todos los soportes: actos administrativos, estudios técnicos y financieros, modelos de estructuración tarifaria, informes de interventoría y cualquier otro anexo que haya servido para justificar la medida.
“Este no es un capricho político, es la voz de un pueblo que merece respeto. Los transportadores lo han dicho con claridad: así el desarrollo se vuelve una carga injusta. El progreso no puede construirse ahorcando a la región. El Llano siempre ha sido generoso con Colombia y lo mínimo es que se nos escuche”, concluyó Hugo Archila.
