La senadora de la República, Sonia Bernal, radicó dos proyectos de ley con el objetivo de modernizar la legislación colombiana y proteger los derechos de los ciudadanos. Las iniciativas buscan, por un lado, crear un marco regulatorio para la Inteligencia Artificial (IA) y, por otro, regular la divulgación de contenido musical explícito que atente contra la dignidad de las personas.
Regulación de la Inteligencia Artificial (IA)
El primer proyecto de ley propone la creación de la Comisión Legal para el Desarrollo y Regulación de la Inteligencia Artificial en el Congreso. Esta comisión bicameral, compuesta por 19 congresistas, se encargaría de supervisar y fomentar el uso ético de la IA, además de ejercer control político sobre las políticas del gobierno en esta materia.
La senadora Bernal manifestó que «la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que no da espera» y que el país debe «legislar con visión de futuro para aprovechar sus beneficios y, al mismo tiempo, proteger a nuestros ciudadanos de posibles riesgos».
El proyecto «Letras Decentes»
La segunda iniciativa, denominada «Letras Decentes», busca regular la divulgación en medios de comunicación y plataformas digitales de contenido musical con letras o videos de carácter sexual explícito, obsceno, denigrante o que inciten a la violencia.
El proyecto propone la creación de un «Sello de Advertencia» obligatorio, diseñado por el Ministerio de las TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Este sello informará al público sobre el contenido explícito antes de su reproducción, con un enfoque en la protección de niños, niñas y adolescentes, y en la prevención de la cosificación contra las mujeres.
Según la congresista, «la libertad de expresión es un pilar de nuestra democracia, pero no puede ser una excusa para normalizar la violencia contra la mujer o la hipersexualización de nuestros niños». Bernal explicó que el proyecto busca un equilibrio, advirtiendo a los padres y protegiendo a los más vulnerables sin caer en la censura.
Ambos proyectos, según el comunicado, responden a la necesidad de adaptar el marco legal colombiano a los nuevos desafíos tecnológicos y sociales.
