En cumplimiento de una de las órdenes del fallo, se entregó materialmente el predio rural ‘Altamira’, ubicado en la vereda San José, del cual se fue desplazado un campesino en el año 2004 por cuenta de enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares.
César Julio adquirió el predio en el año 2000, con el propósito de cultivar y pagarlo en cuotas; terminando de cancelar el monto en el 2003. Pero proyecto se vio suspendido porque tuvo que atender y acompañar a su hermano en un tratamiento de salud, por lo que tuvo que salir de Chámeza por un tiempo. En 2004, cuando pretendió retornar y retomar la implementación de su proyecto productivo, fue prevenido por miembros del Ejército, quienes le aconsejaron no ingresar a la zona debido al conflicto que se presentaba.
Sus vecinos le confirmaron la presencia que los grupos armados hacían en su predio ‘Altamira’, que entonces albergaba el campamento de los paramilitares, protegido con la instalación de cilindros bomba; además, en este lugar posteriormente se hallaron restos de personas ejecutadas.
La presencia en Chámeza de organizaciones armadas al margen de la ley — como el Frente 56 de las Farc y paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC)— data de la década de los ochenta. Lo que convirtió al municipio en un lugar de confrontación entre dichos grupos y la Fuerza Pública, dada su ubicación estratégica en las montañas, que ofrecía un lugar desde el cual asediar áreas de alto valor económico como Aguazul, Tauramena y Monterrey. La creciente violencia y enfrentamientos en la zona generaron en 2004 el abandono forzado por parte del señor César Julio.
Retorna a su terruño No obstante este campesino inició el proceso con la Unidad de Restitución de Tierras (URT), para recuperar lo que la violencia le quitó. En 2023, salió la sentencia a su favor. Hoy, gracias a su persistencia y con el respaldo de la entidad, ha regresado para reconstruir su vida en la vereda San José. “Más de 21 años sin pisar este terreno”. Con estas palabras ingresó el beneficiario a su predio en compañía del juez de restitución y el equipo de la URT territorial Bogotá —con jurisdicción en Casanare—, en cumplimiento de una de las ordenes de la sentencia, que indica la entrega material de cerca de sus 70
hectáreas, además de otras medidas, entre ellas:
– Implementar un proyecto productivo sustentable, teniendo en cuenta las certificaciones allegadas por la Secretaría de Planeación del municipio de Chámeza y Corporinoquia. Así mismo, priorizar su enfoque orgánico, con criterios de autosostenibilidad y con atención al principio de desarrollo sostenible, con el acompañamiento de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.
– Que el SENA, en el desarrollo de sus competencias, brinde el acompañamiento técnico necesario para el desarrollo del proyecto, desde de la implementación hasta su terminación.
– Acceso especial a servicios de asistencia médica integral y la notificación a la EPS donde se encuentren afiliado el solicitante.
– Incluir al solicitante y su núcleo familiar en el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas (PAPSIVI).
– Condonación del impuesto predial generado durante la época del desplazamiento (a partir del año 2004 hasta la fecha).
Martha Liliana Arévalo, directora territorial de la URT Bogotá, recalcó: “seguiremos avanzando por garantizar los derechos territoriales y brindar una atención integral a la población víctima del conflicto armado en el departamento, a través de la entrega material y simbólica y el seguimiento al cumplimiento de
las demás órdenes dadas en la sentencia”.
La URT Territorial Bogotá en busca de garantizar los derechos territoriales de las víctimas del conflicto armado en Casanare, cuenta con 21 sentencias de restitución de tierras y más de 1.000 hectáreas restituidas en la región.
