La Contraloría General de la República hace seguimiento preventivo y riguroso a la venta de la participación del Estado en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar Colombia), cuyo control mayoritario fue asumido por Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo).

En el marco de la Oferta Pública de Adquisición, Tigo asumió el 67,5 % de las acciones de la compañía en febrero de 2026. La Contraloría enfoca su actuación en la vigilancia de la venta del 32,5 % restante, que es propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sobre el cual se realiza control fiscal.

El órgano de control solicitó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y al de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), información detallada sobre la destinación de los recursos —estimados en al menos $856.000 millones— que ingresarían al Tesoro Nacional, tras la venta de las acciones de Movistar Colombia. La Contraloría busca evaluar el impacto en términos de eficiencia y beneficio social, así como la destinación final de los recursos.

La Contraloría General hace un llamado a que el proceso de enajenación de las acciones se realice bajo los principios de transparencia, defensa del patrimonio público y garantía de continuidad en la prestación del servicio, atendiendo los parámetros establecidos en el Decreto 1481 de 2025.

De acuerdo con la información suministrada hasta el momento, en el cierre de la primera etapa de la enajenación se adjudicaron 3.000 acciones a destinatarios de condiciones especiales, conforme a la oferta y reglamento de esta, siendo notificado en el boletín No. 062 del 26 de marzo de 2026.

El 6 de marzo de este año se aprobó el reglamento de enajenación de una segunda etapa y el 9 de marzo se dio aviso de precalificación, el cual estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2026. En ese proceso de precalificación se presentó un solo interesado: Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo), quien fue declarado inversionista precalificado. Actualmente se encuentran en verificación los documentos de oferta y las subsanaciones. La fecha de la subasta está prevista para el 24 de abril de 2026 y el cierre, para el 29 de abril de 2026.

De conformidad con lo expresado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recursos de la venta de las acciones ingresarían al presupuesto del Ministerio y, de manera proporcional, podrían apropiarse inversiones en las siguientes vigencias que permitan al Estado llevar a cabo inversiones estratégicas asociadas al cierre de la brecha digital.

La Contraloría General subrayó la importancia de garantizar la adecuada valoración de las acciones del Estado, que actualmente tienen un precio de referencia de $772,38 por acción, y de evaluar los efectos de la operación sobre la sostenibilidad del servicio y las condiciones del mercado. El órgano de control hace énfasis en que mientras existan recursos públicos comprometidos, la empresa continuará siendo sujeto de control fiscal.

Es necesario que el Gobierno Nacional adopte decisiones orientadas a garantizar la reinversión estratégica de los recursos en el sector TIC, priorizando el fortalecimiento del capital humano digital y la apropiación tecnológica, como condiciones necesarias para cerrar brechas de manera sostenible y maximizar el impacto de las inversiones públicas.

La Contraloría General realiza un análisis de control fiscal macro, en el que se evidencia que la operación de venta debería ser interpretada a la luz de los desafíos estructurales que persisten en el sector TIC. Si bien el Índice de Brecha Digital (IBD 2024) se sitúa en 0,384, reflejando una mejora del 12,7% frente a 2018, resulta particularmente crítico que las habilidades digitales representen el 34,7% de la brecha total. Este resultado confirma que las limitaciones del sector trascienden la infraestructura y se concentran, de manera significativa, en el desarrollo de capacidades y en el uso efectivo de la conectividad.

Desde esta perspectiva, resulta pertinente analizar la destinación de los recursos públicos en función de su contribución al cierre de brechas estructurales, particularmente en materia de conectividad significativa y uso productivo de las tecnologías.